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julio 13, 2006

Elena Garro era espía del gobierno

La escritora mexicana Elena Garro, ex esposa del Premio Nobel Octavio Paz, fue espía del gobierno de México en la década de los años 60, cuando ocurrieron hechos como la matanza estudiantil de Tlatelolco, informó la prensa mexicana.
Garro colaboró con el gobierno al menos de 1962 a 1970, en particular durante la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz, según un resolutivo del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), que ordenó abrir los expedientes a solicitud de una persona.
En esa época, la reconocida escritora (1920-1998) ya estaba divorciada de Paz, después de dos décadas de matrimonio. En 1974 se exilió en Madrid y luego en París, acusada de participar en el movimiento estudiantil de 1968. Regresó a México en 1993.
De los documentos en poder del Archivo General de la Nación (AGN) "se desprende que Elena Garro era informante del gobierno federal, a la vez que el gobierno federal contaba con otros informantes que reportaban la actividad de los informantes, Elena Garro entre ellos", señaló el IFAI.
Garro, autora de obras como la novela "Busca mi esquela" y la pieza de teatro "Un hogar sólido", fue informante de la Dirección Federal de Seguridad, la antigua policía política.
Según el diario Excélsior, el AGN deberá entregar la información en los próximos días, por lo cual todavía no se cuenta con detalles específicos de la actividad de espionaje que realizaba Garro.
No obstante, se sabe que Garro describía movimientos de profesores que convocaban a mítines estudiantiles, nombre y actividades de estudiantes involucrados, datos de automóviles e información sobre personas con las cuales tenía relación de amistad, profesional o incidental, con números de teléfono y pasaporte, dijo el diario.
La información está contenida en 21 fojas y cinco fichas catalográficas del expediente de Octavio Paz y en 38 fojas y seis fichas del expediente de Garro.
En 1968, en los años de espionaje de Garro, una protesta estudiantil fue reprimida por fuerzas de seguridad en la Plaza de las Tres Culturas del distrito de Tlatelolco, en la capital mexicana, con un número de muertos que oscila entre 27 y 300, según distintas versiones.
En protesta por esta matanza, Octavio Paz renunció a su cargo de embajador de México en la India.

julio 05, 2006

Niega Echeverría genocidio

El ex presidente Luis Echeverría Álvarez aseguró ante un juez penal que la pretensión de que el 2 de octubre de 1968 se cometió genocidio respecto del estudiantado nacional “es tergiversar al absurdo el enfrentamiento de ese día”, como asegura la fiscalía especial.
Durante la declaración preparatoria que rindió por escrito ante el titular del Juzgado 15 de Distrito en materia de Procesos Penales Federales en su domicilio, destacó que en el supuesto de que hubiera cometido algún delito, la acción penal para su persecución se habría extinguido desde el 10 de noviembre de 2005.
Echeverría Álvarez señaló que en el expediente de la averiguación previa PGR/FEMOSPP/02/2002 se establece que el 2 de octubre de 1968 militares con sus armas desabastecidas fueron a Tlatelolco a preservar el orden.
Asimismo, refirió que personas apostadas en apartamentos y azoteas dispararon a los militares y por eso el primer herido fue el comandante de la tropa, José Hernández Toledo.
Por ello, dijo, los militares abastecieron sus armas y enfrentaron a quienes les dispararon, por lo que en el enfrentamiento murieron 43 personas, entre soldados y manifestantes.
Destacó que el delito de genocidio se comete con el propósito de destruir total o parcialmente a uno o más grupos nacionales de carácter étnico, racial o religioso.
"Los muertos del 2 de octubre de 1968 resultaron del enfrentamiento entre quienes disparaban y no de la intención de destruir total o parcialmente al estudiantado nacional como se aduce", subrayó.
"Nada prueba que yo... hubiese querido la realización de un hecho descrito por la ley; ninguna prueba hay de que yo hubiese sido el autor o el participe de un delito", señaló el ex mandatario (1970-1976), en la declaración que entregó al juez que sigue el proceso en su contra.
El juez Décimo Quinto de Distrito en Materia Penal, Ranulfo Castillo Mendoza, ordenó el pasado viernes el arresto domiciliario del ex presidente por la acusación de genocidio que le fincó la fiscalía especial para la guerra sucia.
Cuando fue indiciado en 2002 por el titular de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), Ignacio Carrillo Prieto, el ex mandatario acudió a las oficinas del fiscal, pero evitó hacer declaraciones ministeriales, amparado en el artículo 20 de la Constitución.
Echeverría se encuentra bajo arresto domiciliario luego de que el magistrado José Ángel Mattar Oliva, titular del Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, revocó el fallo del juez Castillo Mendoza, quien en septiembre del año pasado había negado girar la orden de aprehensión contra Echeverría solicitada por el fiscal.
El matanza estudiantil del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco es tomado como precedente para la reapertura del caso Yumare en Venezuela.
El fiscal general de la República venezolana, Isaías Rodríguez, informó que solicitó entrevistas a nueve personas, entre ella el ex presidente Jaime Lusinchi.
Detalló que el hecho se retomó debido a una querella interpuesta por el gobernador de Yaracuy, Carlos Jiménez, tomando como referencia sucesos que ocurrieron en América y que atentan contra los derechos humanos.
"Por ejemplo, en México tenemos un precedente importante, después de 38 años de ocurrida la matanza de Tlatelolco, el presidente Echeverría se encuentra preso por la violación de los derechos humanos contra los estudiantes de la Universidad Autónoma de México", comparó.
En 1986 fallecieron nueve personas en la población de Yumare, en el Distrito Bolívar, del estado Yaracuy, presuntamente asesinados por un comando de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip).
Las autoridades policiales justificaron el hecho en un "enfrentamiento armado entre un grupo de la Disip, con un grupo guerrillero", pero testigos afirman que las víctimas fueron torturadas y ejecutadas por los efectivos de seguridad, y que luego, les colocaron atuendos militares para simular que eran insurgentes.