Exoneran a Echeverría de genocidio; fallo divide a líderes del 68

Ante el fallo judicial que exonera a Luis Echeverría Álvarez del cargo de genocidio del 2 de octubre de 1968, miembros del movimiento estudiantil dividen sus opiniones.

Para Raúl Álvarez Garín y Félix Hernández Gamundi, integrantes del Comité del 68, no están agotados los recursos legales para proceder contra el ex presidente, si la justicia mexicana actuara al margen de sospecha.

Ambos presumen corrupción por parte del magistrado Jesús Guadalupe Luna Altamirano, quien otorgó el amparo definitivo para el ex secretario de Gobernación, Luis Echeverría. Aun cuando admitió que hubo genocidio y que ese delito no prescribe, no encontró elementos suficientes para acusar al ex presidente.

El magistrado está actualmente bajo investigación del Consejo de la Judicatura Federal por la queja que interpuso en su contra la juez Silvia Carrasco, por haber liberado a Iván Archivaldo Guzmán, hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. El magistrado también despertó sospechas, dijeron, al absolver a Ariel Maldonado, ex funcionario de la PGR señalado como jefe de un grupo que en 1997 secuestró a Carlos Antonio Pilgram Santos.

Luna Altamirano ahora falla por segunda ocasión en favor Echeverría y por ello, el Comité del 68 presentará un documento en su contra frente al Consejo de la Judicatura, que se propone poner en duda la imparcialidad del magistrado, explica Hernández Gamundi.

¿Qué razones había para confiar que el sistema de justicia mexicano fallaría contra Echeverría, si desde 1968 ese mismo sistema estuvo contra nosotros?, pregunta Marcelino Perelló.

Advierte además que no había sustento para la acusación de genocidio, que el proceso penal contra Echeverría sólo ha servido para que “unos cuantos ex compañeros lucren” con el movimiento estudiantil de 1968.

“Por su culpa, Echeverría queda limpio y eso es responsabilidad del Comité del 68, que quiso convertir el movimiento en un asunto de barandilla”, dice.

“Lo de Tlatelolco fue una matanza, una masacre, pero de ninguna manera un genocidio, que se refiere al extermino contra razas, religiones o naciones. Y nosotros no éramos nada de eso.”

Aunque unos siguen en la apuesta del camino penal, incluso en el ámbito internacional, y otro da por sentado que el juicio de la historia ya está escrito, los tres coinciden: sigue pendiente la verdad sobre lo que ocurrió el 2 de octubre del 68.

Por su parte, Álvarez Garín advierte que, en principio, se ha divulgado una interpretación prematura y exagerada del fallo que ratifica el amparo para Echverría.

“Lo que se dio a conocer fueron dos frases: una confirma el amparo de Echeverría y la otra instruye que se turne ‘para efectos’. Esta última frase abre el escenario para que se revise la decisión del magistrado no sólo en el Tercer Tribunal Unitario, sino en el segundo, donde primero se desahogó la causa, lo cual dejaría en manos de ese segundo la decisión de si se reabre el expediente”, explica.

Además, sigue, para que la sentencia sea ejecutable tiene que formalizarse. Esto es, la tienen que elaborar por escrito y agregarle las consideraciones de cada uno de los magistrados. Esto se llama engrose y podría tardar semanas.

“Para nosotros se trata de resoluciones espurias en las que presumimos corrupción de Luna Altamirano”.

Hernández Gamundi y Álvarez Garín aclararon, además, que esta es la primera parte de las consignaciones, el primer paquete, y todavía están pendientes 50 averiguaciones previas que concluyó la Femospp.

“En cada una de ellas está involucrado Echeverría”, explicó Hernández Gamundi.

Habla el espíritu

Tras la resolución judicial que exonera al ex presidente Luis Echeverría por los acontecimientos del 2 de octubre de 1968, el rector de la UNAM, José Narro Robles, exigió que se aclaren los sucesos “lamentables y dolorosos” que provocaron la muerte de estudiantes que se manifestaron en la Plaza de las Tres Culturas.

Al término de la Sesión Ordinaria, el Consejo Universitario se manifestó por que se continúe con las investigaciones ministeriales y judiciales, para que la sociedad conozca la verdad histórica de los hechos y se castigue a los responsables.

“Demandamos de las autoridades de procuración y administración de justicia su obligación de actuar con la atingencia y celeridad que plantea el reclamo histórico de una colectividad que espera que tales hechos no permanezcan impunes”, indican en el documento emitido por la máxima casa de estudios.

Asimismo, señalaron que es indispensable el esclarecimiento de los hechos, porque la sociedad reclama al respecto un irrestricto Estado de Derecho.