Tlatelolco: 45 años del Nuevo Sol Cosmogónico (10)

GOZOSAS LÍNEAS DE CRÉDITO

Por Luis Arellano Mora

“Formalmente podría decirse que existe un plan nacional (de desarrollo). Las secretarías de la Presidencia y de Hacienda y Crédito Público elaboraron uno que fue presentado a la Alianza para el Progreso, pero su detalle no es conocido por el público en general y no sabemos si haya sido aprobado y esté llevándose a la práctica”, escribía en octubre de 1963 Cuauhtémoc Cárdenas en torno a la planificación regional, siendo por aquel tiempo miembro del Comité Nacional del Movimiento de Liberación Nacional (MLN).

En los Cuadernos de arquitectura (No. 12) que editaba el Palacio de Bellas Artes, el ingeniero agregaba: “Entendemos que ese plan define los sectores de la inversión, los campos de las inversiones pública y privada y fija las tasas de incrementos previstas para el producto nacional y las relaciones de éste, pero no llega a determinar metas de orden regional o a exponer los criterios para atender a las regiones retardadas y aquellas altamente desarrolladas”.

Un indicio al respecto nos lo proporciona el arquitecto Mario Pani, bajo cuya firma presentaba en la revista Arquitectura/México (No. 81) de marzo de 1963 un estudio preparado por la Secretaría de Hacienda, el Banco de México, SA, y el propio equipo de Pani, destinado a la Alianza para el Progreso. En él se sostiene la tesis que “el escollo para resolver el problema de la vivienda no es el aspecto de la planificación o la arquitectura, campo en el que tenemos varias realizaciones, sino que radica en la falta de recursos”.

La publicación no señala en qué fecha se presentó ese documento en el que se calculaba un déficit de un millón de viviendas, para lo cual el gobierno de Adolfo López Mateos destinaría entre 1960 y 1964 una inversión de cerca de 2 mil millones de pesos, cifra a todas luces insuficiente para resolver el problema. Para llevar a cabo un programa importante de renovación urbana “se requería un crédito de 80 millones de dólares, a largo plazo y baja tasa de interés, que dentro del programa de la Alianza para el Progreso se obtuviera del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Agencia Internacional de Desarrollo”.

Robles Martínez, entonces titular de BNHUOPSA, en su conferencia del 4 de noviembre de 1965 ante dirigentes sindicales del magisterio nacional abordó el problema de la vivienda familiar. Escuetamente aclaró que además de las inversiones del gobierno federal y la iniciativa privada, se consideraba “el apoyo financiero del exterior, contratado con el BID y la Alianza para el Progreso, que se confía, en breve plazo venga a sumarse a los recursos nacionales”.

En el plano internacional, desde el 16 de septiembre de 1963 la Agencia para el Desarrollo Internacional (ADI) informó sobre desembolsos y autorizaciones de fondos de la Alianza para el Progreso para “los regímenes militares que han desplazado a gobiernos legalmente constituidos” en América Latina.

En el último trimestre de ese año la ayuda a tales regímenes representó el 39 por ciento de los desembolsos totales, “en tanto que en diciembre de ese mismo año se libraron autorizaciones equivalentes al 51 por ciento del total”.

Para 1964 las aportaciones de fondos de la Alianza habían disminuido de modo constante, muy por debajo de lo previsto en Punta del Este, Uruguay. El Departamento de Comercio de Estados Unidos erogó en ayuda 870 millones de dólares en 1961, mientras que para 1963 disminuyó tal cantidad a 649 millones de dólares, y para 1964 la cifra fue de 410 millones de dólares.

La Hanson’s Latin American Letter denunció en noviembre de 1964 que el Eximbank (Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos) “ocultó déficits por (gobiernos) deudores insolventes, mediante el refinanciamiento de los mismos”. Todo ello, a espaldas del Congreso de EU, alertaba.

Pero ante las inquietudes que tales informaciones pudieran ocasionar en el contexto nacional, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Antonio Ortiz Mena, mandaba señales de certidumbre. En un discurso pronunciado durante la sesión inaugural de la XXXII Convención Nacional Bancaria, celebrada el 24 de marzo de 1966, afirmaba: “La Balanza de Pagos ofreció en 1965 una magnífica prueba de solidez, pues no obstante que México redujo la obtención de préstamos netos del exterior en cerca de 400 millones de dólares en comparación con 1964, y de que todos los pagos de amortizaciones e intereses se realizaron, como de costumbre, con toda puntualidad se elevó la reserva internacional del Banco de México”.

En esas circunstancias económicas, informaba, las reservas alcanzaron al 23 de marzo de 1966 la cifra de 520 millones de dólares... “disponemos adicionalmente de 270 millones de dólares en el Fondo Monetario Internacional, 75 en la Tesorería estadounidense y 90 en el Eximbank; lo que suma un total de 955 millones de dólares, que garantizan plenamente la estabilidad del peso monetario y su libre convertibilidad”, tal y como lo condicionaba el programa de la Alianza para el Progreso.

“Gozamos pues, de la plena confianza de nuestras gentes y del exterior”. Y abundaba en su alocución: “Me he referido con cierta amplitud a las operaciones financieras que demuestran la firme posición de México en el campo internacional”.

Abundó entonces que la Dirección General de Banobras había lanzado al mercado de valores el 15 de marzo de 1966 la primera emisión de los Certificados de Participación Inmobiliaria, serie “AA”, con un valor total de cien mil millones de pesos, valores planeados por la citada institución con la idea fundamental de incrementar la solución del problema de la habitación de interés social en todo el país.

“Sin duda, por las máximas ventajas en garantía, rendimiento, y facilidad de manejo, ya que no están sujetos a sorteo, estos certificados al portador tuvieron su máxima aceptación en el público, pues se logró colocar en un lapso sumamente breve entre los inversionistas casi la totalidad de dichos valores”.

Los recursos obtenidos por la emisión, agregaba, y los que en lo futuro se logren con otras semejantes, se destinarán por el Banco a resolver el problema habitacional, entendiéndose por vivienda popular aquella cuyo precio no excedía la cantidad de 80 mil pesos. “Una doble garantía tienen estos valores: la constituida sobre un grupo de edificios del Conjunto Urbano Tlatelolco y, adicionalmente, la que proporciona Banobras al 9 por ciento anual efectivo, pudiendo cobrarse bimestralmente”.

Cabe mencionar que en la última semana de abril de ese año se había celebrado en la Ciudad de México la VII reunión de la Asamblea de Gobernadores del BID, durante la cual el secretario Ortiz Mena fue designado presidente de esa asamblea. El temario de la reunión permitió que se tocaran “puntos de capital importancia para la realización de los ideales del BID que pretende una aceleración del desarrollo económico y social de sus países miembros”. Entre las intervenciones del acto destacó la del presidente del organismo financiero, Felipe Herrera.

Ya para el 28 de febrero de 1968 el secretario de Hacienda declaró textualmente a los representantes de la prensa, con motivo del XXXV aniversario de la fundación de Banobras: “El Banco es un organismo de lo más importante del país y del sistema bancario mexicano, ya que su crédito se ha podido consolidar importantemente no sólo dentro del país, sino en gran parte del exterior, pues goza de muy amplias líneas de crédito en Estados Unidos de Norteamérica y Europa”.

Y enfatizaba: “Como organismo especializado en el financiamiento de obras públicas ha colaborado importantemente en sus 35 años de vida y, en todo el conjunto de las más importantes obras realizadas en el país y destacadamente en el sistema nacional de carreteras y riego. También como órgano encargado especial de la vivienda popular tiene muy importante lugar en la satisfacción de este servicio para el pueblo de México”.